¿Qué es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados? | tax-down

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), habitualmente denominado como el impuesto sobre hipotecas, se impone en las escrituras notariales y abarca la formalización de distintos documentos, ya sean notariales, mercantiles o administrativos. Su administración corre a cargo de cada una de las Comunidades Autónomas, así que está sujeta a los sistemas de financiamiento que existan en cada una de ellas.

Por esta razón, se trata de un marco legal de gran complejidad, pero no te inquietes porque en este artículo te explicamos todo lo que necesitas conocer acerca de este tributo. ¡Comencemos!

¿Qué representa el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados?

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es un impuesto que se utiliza en diferentes naciones, como España, sobre la formalización de ciertos documentos legales ante notario. Estos documentos pueden abarcar escrituras de compraventa, hipotecas, préstamos, formación de sociedades, entre otros.

Este impuesto se calcula sobre la cuantía del documento notarial y puede cambiar dependiendo de la clase de acto jurídico que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, el AJD comúnmente se aplica sobre el monto del préstamo hipotecario.

En contraste con otras naciones de la Unión Europea, España generalmente presenta una de las tarifas más elevadas de este impuesto. En países como Francia, Italia o Portugal, el consumidor se encarga del abono de esta carga, mientras que naciones como Alemania, Reino Unido o Países Bajos no instauran este tipo de gravamen.

Para considerar el impuesto a abonar, es necesario fijarse en la naturaleza jurídica que posea el acto o el convenio liquidable, sin considerar la designación que le hayan otorgado las partes involucradas. Se abona, además, cuando el acto o convenio ha ocurrido.

En cuanto a su uso, se abarcan los actos jurídicos documentados que se establecen dentro de España, así como aquellos que han sido establecidos en el extranjero, pero cuyo impacto se produce en nuestro país, tanto si son legales como financieros.

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Clasificación de actos legales

Ahora que comprendes qué es, es necesario distinguir sus tipos, ya que no todos ellos se consideran actos jurídicos en el impuesto de la renta. Se dividen en tres categorías: notariales, mercantiles y administrativas.

Los documentos notariales son los documentos, actas y declaraciones notariales, y quien tiene la obligación de realizar el pago del impuesto es la persona que adquiera el bien o el derecho, la que pidió el documento o aquella en favor de quien se ha emitido. Y estas serán igualmente quienes podrán considerarlos como actos legales en el impuesto sobre la renta.

Para su abono se utiliza una cuota fija y otra variable. En la tarifa fija, el abono se relaciona con el precio del papel timbrado empleado en la documentación. El papel sellado es un tipo de papel especial que ha sido marcado o impreso con un timbre fiscal como evidencia del pago de un tributo. En numerosas ocasiones, el papel sellado puede ser visto como un impuesto en sí, y su precio oscila según el tipo y la cantidad de papel utilizado en el documento.

Es fundamental señalar que este tributo no se impone a las reproducciones sencillas de los documentos, sino únicamente a las originales o aquellas que poseen un carácter auténtico.

La variable se utiliza en las copias iniciales de escrituras y de documentos notariales, siempre que el bien en cuestión sea actos o contratos que puedan registrarse en los Registros de la Propiedad, en el Mercantil, de la Propiedad Industrial o de Bienes Inmuebles.

Los documentos mercantiles son las letras de cambio, los certificados de depósito transmisibles, los documentos que se comporten como pagarés de cambio, obligaciones, bonos o los títulos de deuda corporativa que tengan una duración inferior a 18 meses. Asimismo, los documentos que operan como un giro o que contienen un crédito que es susceptible de transmisión o endoso. Esta función de giro se relaciona con la transferencia de fondos de un lugar a otro o con una instrucción de pago.

El responsable pasivo encargado del pago será el librador; o sea, la persona o entidad que emita el documento. No obstante, existe una excepción: las letras de cambio emitidas fuera de España, cuya responsabilidad recaerá en el tenedor en nuestro país.

Los documentos administrativos son los documentos de rehabilitación, los documentos de transferencia de distinciones y títulos nobiliarios. Las transferencias directas de títulos nobiliarios se producen cuando se transfieren de padres a hijos, o entre hermanos si al menos uno de los progenitores ha poseído el título. Si una persona desea recuperar un título que se ha extraviado, debe abonar impuestos, pero solo una vez. Quien recibe el título es quien tiene que pagar el impuesto, salvo que se trate de anotaciones en documentos, en tal situación quien las solicite será quien asuma el costo.

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Actos legales en los impuestos sobre la renta

Todos los mencionados anteriormente son actos jurídicos formalizados, pero no todos ellos forman parte del modelo 100 de la declaración. Los gastos que se pueden considerar están relacionados con los costos de escritura de la adquisición y de la hipoteca, que, como se ha mencionado, son documentos notariales. Por ende, si has adquirido una vivienda y está gravada con una hipoteca, estos son actos legales que podrás deducir en tu declaración de impuestos.

Conforme a lo que indica la Agencia Tributaria, junto con la suma de la hipoteca, son parte también de la base de la deducción los gastos y los tributos que se han generado con la compra de la propiedad o bien aquellos de los que el comprador se ha responsabilizado.

Sin embargo, es oportuno recordar una sentencia del Tribunal Supremo, a partir de la cual el acreedor es quien asume la responsabilidad de las escrituras de los préstamos con garantía hipotecaria. Antes, era el deudor quien tenía que hacerse cargo de ellas, pero debido a que la cantidad era muy alta, las reclamaciones presentadas lograron cambiar la legislación.

De este modo, los movimientos legales en el impuesto sobre la renta que puedes deducir se encuentran los costos de notaría, gestoría, registro, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el IVA asociados a la adquisición. Y en relación a la hipoteca, igualmente los primeros cuatro junto a los gastos de valoración de la propiedad.

Asimismo, aunque no se clasifican como gastos deducibles directos, los actos jurídicos también forman parte de las amortizaciones de los bienes inmuebles, siempre que muestren una disminución auténtica. Esto se da cuando no se sobrepasa el 3% del importe más elevado entre el costo de adquisición o el valor catastral.

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