Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: Cómo Funciona | tax-down

El impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto que necesitas abonar a Hacienda cuando lleves a cabo transacciones de compraventa de bienes muebles o bienes inmuebles.

La recolección del impuesto sobre transmisiones patrimoniales es responsabilidad de las Comunidades Autónomas, las cuales determinan las condiciones de pago. Generalmente, el total del impuesto se calcula como un porcentaje del valor real del bien adquirido.

Definición del impuesto de transmisiones patrimoniales

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que es su denominación completa. Se compone de tres tributos distintos, que son: operaciones societarias (OS), actos jurídicos documentados (AJD) y transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).

Este es un impuesto indirecto que incide en las entidades jurídicas y en los individuos, y grava lo siguiente:

• Los actos legales, tales como la escritura para formalizar una hipoteca o la escritura pública de compra-venta de una casa.
• La adquisición o el arrendamiento de una casa o un automóvil de segunda mano.
• La disminución o el incremento de capital en las compañías.

El tributo sobre transmisiones patrimoniales está normado en el Real Decreto legislativo 1/1993, correspondiente al 24 de septiembre. Asimismo, se encuentra regulado por el reglamento del impuesto estipulado en el Real Decreto 828/1995, del 29 de mayo.

Este tributo también se fundamenta en lo estipulado en la Ley 22/2009, datada el 18 de diciembre. Esta norma regula el sistema de financiación correspondiente a las Comunidades Autónomas.

¿Qué son las operaciones societarias?

Las actividades empresariales se vinculan con la creación, reducción o incremento del capital, así como la disolución, fusión o separación de sociedades. También se consideran como hechos gravables las aportaciones que realicen los socios para compensar pérdidas de la empresa.

El gravamen que se impone a las transacciones corporativas es del 1 %. Este tributo tiene que ser abonado por las compañías ubicadas en España.

¿Qué son los actos jurídicos documentados?

Los actos jurídicos documentados son los documentos comerciales, administrativos o notariales que se formalizan dentro del ámbito español. Asimismo, se consideran aquellos que se formalicen en el exterior, pero que tengan efecto en España.

El impuesto sobre actos jurídicos documentados presenta variaciones en su aplicación en cada Comunidad Autónoma. El total oscila entre el 0,5 % y el 1,5%.

¿Qué es el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas?

Las transmisiones patrimoniales a título oneroso ocurren cuando se ceden títulos o activos que son de gran valor, pero no están sujetos al IVA. Este procedimiento se lleva a cabo entre individuos e incluye préstamos, fianzas, arrendamientos, compraventa de bienes muebles e inmuebles, entre otros.

El bien que se cede debe estar situado en el territorio español. Si el bien está en un país extranjero, la persona que lo compra debe residir en España. Las transferencias de esta naturaleza gravan entre un 4 % y un 10 %, lo que varía según la comunidad autónoma. También influye en esto las deducciones que correspondan.

¿Quién debe pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?

El sujeto responsable de abonar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) es la persona que obtienen el bien. Sin embargo, esto puede cambiar según la clase de transmisión que se efectúe, así es como opera:

Las transferencias de derechos y propiedades, la responsabilidad de pagar el impuesto recae en el adquirente del derecho o propiedad. En el caso de un arrendamiento, el obligado al pago del impuesto es el arrendatario. Este será quien ocupe o use el inmueble que ha sido dado en arrendamiento.

En el asunto de la creación de derechos reales, la persona que debe abonar es aquella a la que se le concede dicho derecho real. Estos incluyen derechos como el de vuelo, servidumbre, superficie, entre otros.

Cuando se refiere a una concesión administrativa quien tiene la obligación de pagar es el concesionario o la persona que opera el bien. Esto es porque recibe beneficios de una concesión administrativa.

El abono del impuesto de transmisiones patrimoniales debe realizarlo la persona que goza o se beneficia de cada transmisión.

¿Cuándo debo pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?

El Estado regula de manera general todo lo concerniente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Sin embargo, la autoridad sobre este tributo recae en las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de determinar la cantidad a tributar.

El monto a abonar por el impuesto de transmisiones patrimoniales estará determinado por el bien a gravar. La cantidad mínima impuesta a nivel estatal para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es la siguiente, aunque las Comunidades Autónomas aplican incrementos: En el caso de la transmisión de bienes inmuebles, el total a pagar por el impuesto es del 6 %. Si la transmisión corresponde a bienes muebles, el total a pagar por el impuesto es del 4 %.

En situaciones relacionadas con la creación de derechos reales de garantía, el monto a abonar por el impuesto es del 1 %. Esta cantidad también es aplicable a las Operaciones Societarias.

¿Dónde debo pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales es un tributo estatal, delegado a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, debes abonarlo en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde efectuaste la transmisión.

El período que dispones para completar el pago es de treinta días, iniciando desde la firma del contrato de transmisión. Este pago debe ser presentado en los modelos 630, 600 o 620 de acuerdo al impuesto que vayas a abonar.

La manera de abonar el impuesto puede ser de manera presencial o a través de medios telemáticos, lo que dependerá de la Comunidad Autónoma.

¿Qué pasa si no pago el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?

Cuando no se abona el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la entidad responsable de la Comunidad Autónoma tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento fiscal. La meta de este proceso es comprobar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales.

El incumplimiento de las responsabilidades fiscales da lugar a un proceso sancionador. Este implica la exigencia del abono de la cantidad del impuesto, junto con los intereses por demora que sean aplicables.

La penalización también implica una multa acerca de la cuota impositiva fijada. Para prevenir esta circunstancia, lo más recomendable es entregar la declaración dentro de los plazos estipulados. Esto previene el comienzo de un expediente de inspección y un procedimiento sancionador.